A través de análisis y estudios a tribunales de primera instancia, penales, de familia, Ministerio Público, Inacif y Policía Nacional Civil la Procuraduría de Derechos Humanos concluyó en un informe sobre la aplicación de la ley contra el femicidio, que los jueces son renuentes a los cambios y a la ley contra el Femicidio.

POR CRISTINA BONILLO Ciudad de Guatemala

Sergio Morales, Procurador de Derechos Humanos presentó ayer el informe que evalúa los dos años de aplicación de la ley contra el femicidio, a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos Humanos (Oacnudh), el cual será trasladado directamente a la relatora de ONU contra la violencia contra las mujeres, Rashida Manjoo.

El informe platea cambios importantes respecto al Código Penal explicó Lesbia Tebalán, asesora del procurador en temas de impunidad.

Explicó que en dos años apenas hubo 64 sentencias en base a esta ley (no todas condenatorias), y que las agencias del Ministerio Público especializadas en temas de femicidio tenían hasta el día de ayer y desde la aprobación d e la ley 395 investigaciones en marcha de las que solo 8 se tipifican como femicidio.

Tebalán explicó que los jueces y fiscales aplican en muchos casos el precepto de homicidio según establece el código penal, o el de asesinato, que contempla las mismas penas que el femicidio, sin embargo permite medidas sustitutivas y conmutabilidad de la pena, algo que no perite el delito de femicidio.

Entre las recomendaciones, está que el estado comprenda que el problema del femicidio “va más allá de la persecución penal hay que atacare una cultura que va contra la mujer, el femicidio demuestra odio contra la mujer”, dijo Morales. El procurador instó a que instituciones como el Ministerio de Educación o el de Cultura se involucren más en temas educativos y de concienciación para atajar el problema de la violencia contra la mujer. “Tiene mucho que hacer todo el estado”, apuntó.

El representante de la OACNUDH, Alberto Brunori, explicó que se enviará este documento a la relatora y según los procedimientos a seguir en estos casos posiblemente puede pedir al estado algún tipo de aclaración sobre las denuncias presentadas en el informe. Además señaló que servirá de insumo para la oficina y para realizar su informe anual acerca de la situación de los derechos humanos en el país.

http://www.prensalibre.com/noticias/justicia/Jueces-renuentes-aplicar-ley-Femicidio_0_301769908.html

1. What is Temporary Protected Status?

Temporary Protected Status (TPS) is a temporary immigration status granted to eligible nationals of designated countries or parts thereof.

During the period for which a country has been designated for TPS, TPS beneficiaries may remain in the United States and may obtain work authorization. However, TPS does not lead to permanent resident status (green card).

When the Secretary terminates a TPS designation, beneficiaries revert to the same immigration status they maintained before TPS (unless that status had since expired or been terminated) or to any other status they may have acquired while registered for TPS. Accordingly, if an immigrant did not have lawful status prior to receiving TPS and did not obtain any other lawful status during the TPS designation, the immigrant reverts to unlawful status upon the termination of that TPS designation.

TPS is not granted to persons that try to register after the first registration period ends, so if a person of a country that is currently under TPS did not register the first time TPS was assigned, then that person does not qualify for TPS.

2. Who is eligible to apply for Temporary Protected Status?

You may be eligible to apply for Temporary Protected Status (TPS) if:

• You are a national of a country designated by the Attorney General for TPS. You may also be eligible if you are a person who has no nationality but last habitually resided in a designated country

• You apply for TPS during the specified registration period. The registration period is stated in the Federal Register notices of designation and is also generally noted in USCIS press releases

• You have been continuously physically present in the U.S. since the TPS designation began, or since the effective date of the most recent re-designation

• You are admissible as an immigrant and are not otherwise ineligible for TPS

• You have continuously resided in the U.S. since a date specified by the Attorney General

Note: This date is listed in the Federal Register notice of designation and may be different than the date TPS became effective.

3. Who is ineligible to apply for Temporary Protected Status?

You are ineligible for Temporary Protected Status (TPS) if you:

• Have been convicted of any felony or two or more misdemeanors committed in the U.S.

• Are a persecutor, terrorist or otherwise subject to one of the bars to asylum

• Are subject to one of several criminal-related grounds of inadmissibility for which a waiver is not available

For a Spanish version, see this link.

ANNA-MARIA HOLLAIN | Madrid | www.elpais.com

Walda Barrios-Klee, ayer en Madrid- CRISTÓBAL MANUEL

WALDA BARRIOS-KLEE Activista a favor de la mujer en Guatemala

Sólo durante 2009, en Guatemala fueron asesinadas 847 mujeres. En los últimos 10 años, han muerto de manera violenta 5.027 guatemaltecas. Y en lo que va de año, ya suman 160. No se trata de violencia doméstica a puerta cerrada, sino de mujeres que son torturadas y asesinadas en lugares públicos, casi siempre por desconocidos. Walda Barrios-Klee (1951, Ciudad de Guatemala), consejera asesora de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, constata una realidad preocupante en una entrevista concedida a EL PAÍS en el marco de un seminario internacional sobre feminicidios en Guatemala y México, celebrado ayer en la Casa de América de Madrid. “¿Por qué fue famoso el caso de Ciudad Juárez? Porque allí empezaron. Pero de allí comienza a pasar en toda Centroamérica y en toda la región. Ya es una patología social”, asegura.

Desde 2008, la legislación del país centroamericano reconoce el delito del feminicidio: el asesinato de mujeres por el simple hecho de serlo, motivado por el odio y la misoginia. “Los feminicidios están considerados como crímenes impersonales. El que mata a la mujer no tiene ninguna relación con ella. Es un crimen anónimo. El que asesina no conoce a la víctima y la mata por el hecho de ser mujer. Es lo nuevo del fenómeno”, resalta Barrios.

Otro factor distintivo es la brutalidad empleada antes y después de la muerte de la víctima. “No se mata únicamente, sino que se persigue todo un ritual en el asesinato: tortura, mutilación y violación. Hay violación siempre, acompañada por un sadismo excesivo”, precisa. Los cadáveres aparecen a menudo descuartizados, con las uñas arrancadas y la cara desfigurada.

La consejera, que fue candidata a la vicepresidencia de Guatemala en 2007, subraya que la ley contra los feminicidios “ha servido para que aumenten las denuncias ?porque las mujeres pierden un poco el miedo?, pero no la penalización”. Y tampoco ha conseguido frenar las agresiones. “La ley fue aprobada en marzo de 2008. Y en marzo de 2009, en lugar de bajar, aumentaron los crímenes”.

Para Barrios, se trata de un fallo institucional. “La ley es una contribución al cambio cultural. No obstante, si el sistema de justicia no funciona bien, aunque haya ley, las cosas no van a cambiar mucho”.

El llamado triángulo de la violencia [Guatemala, El Salvador y Honduras, según la descripción acuñada por Naciones Unidas, ya que tienen las tasas de feminicidios más altas de la región] ilustra un problema que va más allá de los conflictos armados, que acecharon en el pasado a El Salvador y Guatemala, y en los que la violación se usó como arma de guerra.

El primer puesto respecto al asesinato de mujeres, en los últimos años, lo solía ocupar Guatemala. “Ahora, Honduras tiene el primero, El Salvador el segundo, y Guatemala el tercero”, afirma la defensora de los derechos de las mujeres. Y explica que esta situación se da no porque haya bajado la cifra en Guatemala, sino porque ha subido en Honduras.

“¿Qué tienen en común Guatemala y El Salvador? Las guerras internas. Honduras, no. Pero Honduras salta después del golpe de Estado. Es lo que cambia la situación allí. El problema tiene que ver con el papel del Estado y el debilitamiento de las estructuras estatales, algo que afecta a toda América Latina”, añade la activista.

Es cierto que en el caso particular de Guatemala pesa también la herencia de una guerra fratricida de casi cuatro décadas, ?el acuerdo de paz se firmó en 1996?, que dejó más de 200.000 muertos o desaparecidos, sin que se haya juzgado jamás a los verdugos. “Hemos tenido 36 años de conflicto armado durante los cuales el aparato de Estado se usó para la represión. Toda la estructura estatal quedó en manos de gente que tenía esa mentalidad del enemigo interno, que así se llamaba a la gente que quería una Guatemala distinta. Eso no se desmontó con la firma de la paz. La estructura del Estado quedó como era, con las mismas personas de la guerra. Por eso, no piensan en la justicia”, explica Barrios.

A ese clima de impunidad generalizada se une un cambio de perspectiva. Ahora, las mujeres encarnan al enemigo interno, sostiene la activista, “porque empezamos a salir a la calle, a trabajar, a ser autónomas, a tener ingresos propios, a reivindicar espacios públicos y cuotas de poder. A medida que hay más participación política y más mujeres buscando cargos públicos, hay más asesinatos. El mensaje social parece ser que la mujer que sale de casa corre más peligro que la que se queda encerrada, aunque esto sea un mito. Porque incluso los maridos que te golpean y pegan en las casas no te matan como te matan en la calle. Es una forma de terrorismo”.

Irma Alicia Velásquez Nimatuj

Guatemala, 16 Sep (Cerigua).- La propuesta de ProReforma no sólo discrimina a los pueblos indígenas y a los jóvenes, sino además ignora a quienes conforman más de la mitad de la población del país, las mujeres, indicó Irma Alicia Velásquez Nimatuj.

A decir de Velásquez, en su columna “ProReforma X”, las mujeres son tan diversas, provienen de distintos pueblos, de distintas clases sociales, con diferentes intereses y tendencias ideológicas y han sido actoras económicas y políticas invisibilizadas en el país.

De acuerdo con la columnista, después de leer la propuesta se evidencia que la población femenina no es incluida, ni se respetan sus múltiples capacidades, aportes y necesidades en la construcción de un pacto político cultural.

Según la lideresa indígena, las guatemaltecas terminan oscurecidas y diluidas bajo argumentos superados en otras sociedades, los que son presentados como la panacea para que “Guatemala se afiance de un genuino régimen”.

La exclusión de las mujeres se esconde detrás de una defensa acérrima y conservadora de los principios de igualdad y de libertad, especialmente cuando se apela a lo largo del documento a no ser discriminatorios, a no conceder explícita o implícitamente prerrogativas, privilegios o beneficios que puedan disfrutar todas las personas, subraya la profesional.

Velásquez enfatizó que los ponentes, en su mayoría hombres, no se percatan, ni reflexionan que ellos individual y colectivamente poseen significativas cuotas de poder, no por esfuerzo propios, sino en buena medida heredados y asignados únicamente por ser hombres.

Las propuestas presentadas por ProReforma esconden posiciones conservadoras que buscan perpetuar la exclusión de las mujeres en los tres poderes del Estado, indicó la columnista.

Finalmente, Velásquez lamentó que mientras el mundo camine hacia la eliminación de construcciones con resabios sexistas, racistas, clasistas y discriminatorios, esta asociación impulse todo lo contrario, en un país como plural como Guatemala.

http://cerigua.info/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=13968&Itemid=1

Compiled by Patricia Anderson and Santos Tale Tax

Migration

The two initial bills were presented to Congress last week by the Guatemalan Migrant Commission. The bills seek to reform the Law of Migration and create a new decentralized entity to oversee migration: the Guatemalan Institute of Migration (IGM). The proposed IGM would have its own director and resources which would be dedicated to better controlling entrances and exits out of Guatemala. The bills also include an initiative that would create electronic visas for foreigners entering the country. These bills are separate from the one that was presented last week by the National Board of Migration which focused more on the protection migrant rights.

The airport is currently undergoing massive remodeling set to be completed within two years. Included in the plans is a special area for receiving Guatemalans who have been deported from the United States.

15,570 Guatemalans have been deported from the United States this year. Most of the deportees come from the departments of San Marcos, Huehuetenango and Retalhulea.

One Guatemalan citizen along with 96 Mexican citizens were detained in the United States after being found in a freight truck in Arizona. The group was traveling among crates of fruit being transported at 34 degrees Fahrenheit. The group was largely comprised of women and children ages 9-12.

In response to North American bishops decision to call on President Obama for migration reform, Central American bishops gathered last week to make the same call to the US president in the form of letters and calls to their parishioners on both sides of the border.

In an effort to tighten security along the Mexico-Guatemala border, stricter documentation requirements are being asked of Guatemalan citizens. Rather than using local passes, as border residents were allowed before, citizens residing in border departments are required to apply for a formal migration visa. All other Guatemalan residents must have their passport. These new requirements have hurt Chiapas economy as tourism from Guatemala has been down substantially since the requirements were enacted.

Health

Thirty one new cases of H1N1 (gripe A) were identified last week, bringing the national H1N1 count to 528 cases. The death of a one year old boy brings the flu’s death toll to 10. There are now 30,000 doses of Tamiflu in the country, though the Ministry of Health has declined to comment on the possibility of a much larger outbreak, as there has been in the countries Mexico and El Salvador.

Honduras

Regional commerce has fallen 17 percent since the Honduran coup. Part of this drop has been attributed to the difficultly trucks have had crossing the Honduran border. But the European Union has announced that it will restart commerce with Central America, minus Honduras, in September.

Climate Change

El Niño has begun to form over the Pacific Ocean. The weather phenomenon is expected to bring storms, floods and drought. The upside of El Niño is that its presence lowers the frequency of hurricanes, say experts. The effects of El Niño will likely not been seen until late October. Agricultural production will be severely affected by the droughts and floods produced by El Niño.

Community Consultation

The population of Churrancho in the department Guatemala voted 87.2 percent against the construction of a hydroelectric dam in a nearby river. Residents believe the dam will negatively impact their community and leave them with no water. Generdora Nacional, the owner of the proposed dam, complains that they were notified only two weeks before that the consult was going to take place. Generador Nacional already has the permission of the Ministry of Environment to construct the dam as the company has already turned in its required environmental impact study.

Food and Nutrition

The Canadian activist group Erosion, Technology and Concentration (ETC) warns that Guatemala and other countries like it are in danger of losing their native corn plants to genetically-modified super breeds. Guatemala has come under a lot of pressure to completely switch to genetically-modified seed since the largest seed was bought out by transnational company Monsanto’s Seed last year. ETC says genetically-altered crops and use of petrochemicals is a false solution to the food shortages caused by global warming. Agroindustry consumes 14 percent of the world’s fuel consumption, the same amount as cars and other forms transportation.

Mining

The Ministry of the Environment prohibited the mining company Montana Exploradora from importing cyanide as it has failed to pay proper import taxes for the last two years. Montana has been paying 3 Quetzales per kilogram where the tax is at 5 Q/kg. The Ministry has banned Montana from importing the chemical until it pays the difference. A Montana spokesperson has said that the company is preparing its lawyers for legal countermeasures.

Montana Exploradora S.A. Guatemala is a wholly-owned subsidiary of GoldCorp, a Canadian company that mines precious metals. Montana currently has several projects active in the Western highlands of Guatemala. It’s most notorious project is the Marlin mine in the department San Marcos. The Marlin mine has been opposed by local communities since its inception in 2005. Several community members have been jailed and threatened over the course of the mine’s operation and several protests of the mine have turn brutally violent. Montana is currently the largest bidder for exploration licenses in another region of San Marcos, which has sparked protests, marches and roadblocks nationwide.

The Pastoral Commission of Peace and Ecology (Copae) of the Catholic diocese of San Macos recently undertook a study of five rivers around the Marlin Mine. Copea, using its own equipment and laboratory, found large concentrations of metals near mining disposal sites.

The Mining Guild denounced Copea’s methods unscientific and declared its finding unreliable. Montana Exploradora assured the press the rivers near Marlin mine are not contaminated.

Bishop Álvaro Ramazzini of San Marcos diocese said he hopes the study serves an alert to environmental authorities and that it moves authorities to conduct more extensive environmental impact studies. Bishop Ramazzini has spoken out against the mine both from the pulpit and in public forums since the mine’s beginning, for which he has received death threats and law suits for ‘provoking violence among peasants toward mining activity.’

EL QUINTO PATIO: Carolina Vásquez Araya

Guatemala es uno de esos países donde aún existe el servicio doméstico, casi como un derecho adquirido, sin regulación legal alguna, fuente de explotación laboral y de abuso físico y económico contra las mujeres cuya situación les impide tener acceso a otras fuentes de trabajo, principalmente porque jamás tuvieron acceso a la educación.

El tema de las regulaciones legales del trabajo doméstico, en Guatemala, es casi como discutir la legalización del aborto en una asamblea de fundamentalistas religiosos: casi imposible. Existe una resistencia atávica de un fuerte sector de la población cuyos ingresos les permiten conservar el privilegio de tener una empleada trabajando a tiempo completo por un sueldo de miseria, y no será fácil cambiar su visión de las cosas.

Uno de los mayores obstáculos lo constituye la grada socioeconómica entre patrones y empleadas, con toda la carga de menosprecio y discriminación que ello involucra. La mayoría de las mujeres trabajadoras en casas particulares pertenecen a la población indígena. Son jóvenes que emigraron hacia las ciudades, en búsqueda de mejores oportunidades para ganarse la vida, y se encontraron, la mayoría de las veces, enfrentadas a una situación de dependencia y explotación fomentada por los altos índices de desempleo y la enorme competencia por encontrar una fuente de ingresos.

Obligadas a iniciar el día durante las primeras horas del alba y a mantenerse atenta a servir hasta que el último miembro de la familia decida lo contrario a avanzadas horas de la noche, la mayoría de trabajadoras recibe a cambio un sueldo inferior al mínimo fijado por ley.

Mantenido a capricho de la sociedad como una actividad informal, el servicio doméstico se ha convertido en una de las más humillantes formas de esclavitud para miles de mujeres cuyas limitadas opciones de supervivencia las someten a la aceptación forzada de unas condiciones de vida tan precarias como humillantes.

En este contexto, el maltrato contra la mujer toma una forma de convivencia natural e indiscutible. So pretexto de proporcionarles trabajo, casa y comida, sus patrones tranquilizan su conciencia ante las variadas forma de abuso a las cuales las someten de manera consuetudinaria.

Por supuesto, las excepciones existen y eso hace la regla. Sin embargo, el solo hecho de comenzar a discutir recién en el siglo XXI el tema de las regulaciones laborales para este numeroso contingente de trabajadoras, demuestra lo poco que se las valora en el ámbito de la productividad y la generación de riqueza. En estos tiempos de búsqueda de la justicia y la equidad de género, es imperioso enderezar estos entuertos, resabios de la época colonial, y eliminar esta degradante forma de discriminación.

elquintopatio@gmail.com

http://www.prensalibre.com/pl/2009/agosto/10/330789.html

Washington DC: Take Action on the DC Crime BIll

Sex trafficking is horrific crime whereby a person is forced or coerced to take part in sexual acts in exchange for something of value. In Washington D.C. such abuse of women and children is not uncommon. Unfortunately, in many cases a person who is sex trafficked is treated as a criminal rather than a victim who is unable to escape the physical abuse and psychological coercion to which she is subjected. Now, the D.C. Council is poised to vote on legislation, entitled the Omnibus Crime Bill 18-151, which includes a provision that will make a third arrest of a prostituted person a felony level crime. These penalties are far too stiff for the prostituted person, will do little to address the instances of prostitution or sex trafficking in D.C., and may cause further damage to trafficking victims.

Polaris Project serves clients throughout the D.C. metro area, as well as in NJ, who have been forced or coerced into prostitution. In many of these cases the victim, even at the age of just 18, will have a litany of arrests or convictions for prostitution both in DC and other jurisdictions. This demonstrates the transient nature of the pimps’ operations. Arresting the prostituted person does little to deter the trafficker/pimp or provide relief or rescue for the prostituted person. In fact, if enacted, this provision may cause further victimization as well as present increased obstacles as a woman with a felony conviction attempts to rebuild her shattered life.

Sex traffickers and pimps are motivated only by money, and the people they prostitute are easily movable, disposable and replaceable. Therefore we urge you to join with us and ask the D.C. Council to oppose the overreaching penalties for prostituted persons, and consider focusing their attention on the pimps and purchasers of sex or “johns”.

Polaris Project strongly supports the increased penalties for johns proposed in this bill. Johns exercise meaningful choice when they engage in commercial sex transactions, so efforts to deter their activity will have a greater impact in reducing prostitution and sex trafficking, which are inextricably intertwined.

WHAT YOU CAN DO:

The crime bill was passed by the DC Council on July 30th and the bill now moves to the Mayor. Your quick action is imperative to helping victims of sex trafficking in DC!

1. Please take a moment to call AND email Mayor Fenty and urge him to send the DC Crime bill back to the Council and recommending that they remove the increased penalties for prostituted persons.   Contact Mayor Fenty here.  In your call you can simply say:  

”My name is …. And I live at…. I am calling to urge Mayor Fenty to send the DC Crime Bill (18-151) back to the Council to remove the increased penalties for prostituted persons.”

2. Be sure to follow up with a quick email.

Additional Talking Points:

• The proposed penalties are far too stiff for the prostituted person – up to 2-5 years in prison and or up to $4,000 to $10,000 in fines. These fines will simply result in the re-victimization of the prostituted person or trafficking victim, and there’s no evidence that this approach will decrease prostitution in the District.

• Victims of prostitution and sex trafficking commonly have many arrests or convictions for prostitution because pimps and traffickers are constantly moving them around to different areas to profit off of them [we never call this work]. Increasing penalties for the victim will do little to deter the trafficker/pimp or provide relief or rescue to the prostituted person.

• Greater penalties for prostituted persons may cause further victimization as well as present increased obstacles as a woman with a felony conviction attempts to rebuild her shattered life.

• The vast majority of states retain the misdemeanor penalty for subsequent convictions of the prostituted person. In the handful of states which make subsequent convictions a felony for the prostituted person, there is no correlation between these higher penalties and a decrease in prostitution and the closely related activity of sex trafficking. This is likely due to the fact that traffickers and pimps are motivated only by money, and the people they prostitute are easily movable, disposable and replaceable.

• Studies have shown that focusing criminal prosecution on the purchasers of commercial sex will have an immediate and long-term effect in curbing the demand for prostitution.

http://actioncenter.polarisproject.org/component/content/article/35-action/618-crime-bill-proposes-third-time-arrest-be-a-felony

Raquel par madre de Heidy Batz Par, una de las niñas robadas, muestra su fotografía. Foto por Walter Peña

La activista cumplió ayer nueve días de permanencia frente a la CSJ para exigir la nulidad de procesos de adopción que califica como anómalos.

Por: Juan M. Castillo Zamora

Tras nueve días de huelga de hambre, Norma Cruz no luce igual, su rostro se ve cansado y es evidente su pérdida de peso. Sentada en el colchón de una improvisada habitación instalada en frente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la activista se moja los labios con un poco de suero oral, inhala el humo de un cigarrillo suave y con voz enérgica dice “todavía aguanto, aún me queda energía y no desistiré”.

El médico llega una vez por día a chequear sus signos vitales, según ella su estado de salud es estable. Detrás de esa manifestación Cruz emprende una lucha constante, desea que un juez civil declare la nulidad de tres procesos de adopción. Se trata de los casos de Arlene Escarleth López López, Anyeli Hernández Rodríguez y Heidy Saraí Batz Par, quienes fueron robadas entre abril y noviembre de 2006.

Posteriormente, la Fiscalía contra Trata del Ministerio Público (MP), estableció que las infantes habían sido dadas en adopción a familias que radican en Estados Unidos. Las pesquisas del ente investigador determinaron por medio de la Dirección General de Migración, que las menores de edad habían salido del país con otros nombres. En el Centro de Emisión de Pasaportes se localizaron las fotografías de las niñas que viajaron a los estados de Illinois, Louisiana y Iowa de aquel país.

Cruz asegura que este tipo de acciones son necesarias para hacer presión ante las autoridades correspondientes. La fundación que preside demanda que juzgados del Ramo Civil admitan los expedientes para darle trámite.

Luis Fernández, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indica que son los jueces los únicos responsables de admitir o no un proceso de esta índole. “Lo que demanda la organización es que los juzgados admitan el ingreso de juicio ordinario de nulidad de procesos de adopción”.

Ayer fueron designados los juzgados Segundo, Décimo y Octavo del Ramo Civil para conocer los procesos, estos tendrán 48 horas para resolver si admiten los procesos.

Capturan a dos presuntos responsables

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP), detuvieron ayer a Abner Ludwing Cifuentes Peralta y Telma Virginia Velásquez Revolorio durante dos allanamientos realizados en las zonas 5 de Villa Nueva y 6 de San Miguel Petapa. Estos tenían orden de aprehensión emanada del Juzgado Segundo de Instancia Penal en mayo de 2008 por el delito sustracción agravada. Según la investigación del MP, los sindicados robaron a la infante Heidy Saraí Batz Par en abril de 2008.

El juez,  Jorge Mario Valenzuela ligó a proceso a ambas personas detenidas por los delitos de sustracción agravada, plagio o secuestro y trata de personas. Los capturados fueron llevados a prisión.

Magistrado se inhibe

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández, se inhibió de conocer el antejuicio en contra del juez de Familia, Mario Fernando Peralta Castañeda, sindicado por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato e incumplimiento de deberes, luego de que autorizó la adopción ilegal de dos menores de edad. En la Cámara de Amparos y Antejuicios se informó que es a José Antonio Pineda Barales, vocal primero de la Sala Segunda Cámara de Apelaciones a quien le corresponde ser el juez pesquisidor del caso. Fernández dijo que se excusó de conocer el proceso porque estudió con el juzgador durante los años de secundaria.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20090724/pais/108141

Por Carlos Ibáñez

“me duelen las acciones de los malos, pero mas me duele el silencio de los buenos”

Norbert Wiener

Hablar de la Trata de Personas dentro del contexto de las migraciones en ahondar en dos fenómenos distintos que en algún momento confluyen en tiempo, espacio y protagonistas.

Actualmente no existe país en el mundo que se encuentre libre de la presencia de fenómenos migratorios o de alguna de las modalidades de la Trata. Ya sea porque son países expulsores, de tránsito o receptores de migrantes ínter fronterizos o porque tienen esos movimientos dentro de su jurisdicción. En muchos casos, como en la situación particular de Guatemala, coexisten las tres.

Cuando se profundiza en las causas que originan la movilidad de las personas y las situaciones que vulnerabilizan a las personas para ser potenciales víctimas de trata, encontramos situaciones comunes. Ayer mismo escuchaba a la directora de una organización decir que el enemigo no es únicamente el tratante, sino también las condiciones sociales y estructurales que facilitan que las personas sean vulnerables a los mecanismos de captación y explotación que definen la trata.

Si bien anteriormente esta situación era conocida como trata de blancas por ser precisamente mujeres blancas europeas que eran llevadas con fines de explotación sexual hacia países de Europa del Este, Asia y África, actualmente esta situación ha cambiado haciendo de cualquier persona puede ser potencialmente una víctima de trata en cualquiera de sus modalidades: explotación sexual, explotación laboral, adopciones irregulares, mendicidad, comercio de órganos, matrimonios serviles, entre otras.

Aún antes del inicio del viaje, los tratantes han establecido sus redes como mecanismos de captación, falsas promesas de trabajo, estudios, mejores condiciones de vida se convierten en los ganchos con los cuales atraen potenciales víctimas, muchas veces con la ayuda de la misma familia o amigos. Durante todo el camino, los migrantes están propensos a ser captados por las redes existentes, quienes creando deudas de viaje, coartando la libertad, bajo amenazas, engaños o violencia entre otras, le convierten en víctimas Independientemente de la modalidad, la sutileza o la crudeza con la cual se manejen sus características, la trata constituye una acción que violenta el bienestar de las personas que son víctimas de ella y deja secuelas que deben ser atendidas para asegurar su salud y bienestar, dentro de espacios sociales que brinden seguridad y respeto.

Al desarraigar a una persona de su lugar habitual, limitarle su libertad y explotársele para beneficios económicos de terceros, se le está afectando no solo física sino también en los aspectos emocionales impidiéndole tener el pleno control de sus vidas. Esta situación es una clara violación al derecho a una vida digna, acorde con la calidad humana que nos corresponde intrínsecamente.

La explotación sexual comercial (el turismo sexual, la pornografía infantil, la prostitución forzada), el trabajo forzado ya sea agrícola, manufacturero o de cualquier otra índole, la mendicidad, las adopciones irregulares, el matrimonio servil, el comercio de órganos humanos, son algunas de las modalidades bajo las cuales muchas personas se convierten en víctimas de trata de manera cotidiana, ante la mirada muchas veces indiferente de los espectadores para quienes esa persona es “culpable de su situación”.

La lucha por evitar que más personas sigan siendo víctimas de trata, el rescate y atención a quienes ya se encuentran inmersas en ellas y la persecución penal de los tratantes, requiere de acciones conjuntas entre organizaciones que ya trabajan el tema de manera directa y aquellas que atienden a poblaciones susceptibles de ella. Implica también el reconocimiento del problema mismo y de sus diferentes modalidades junto con la visibilización pública del problema.

Ante esto necesitamos un estado que asuma responsablemente su deber de velar por pleno desarrollo de las personas. Un estado decidido a desarrollar las acciones de prevención, y atención de víctimas. Un estado que cumpla con su función tutelar de velar por el respecto de los derechos humanos de todas las personas. Así como, un estado que realice la persecución legal necesaria y aplique sanciones que realmente disuadan de continuar en esa actividad a los tratantes.

A la vez necesitamos una sociedad civil mas proactiva y articulada en el combate a la trata, que a la vez se constituya en monitora de las acciones del estado, y en observadora del fenómeno para advertir cualquier modificación que se de en sus mecanismos de captación, traslado, acogida o explotación de las víctimas.

Pasar al lado con esa mirada indiferente y actitud culpabilizadora es algo que debe quedar en el pasado y en lugar de ello, la eliminación de toda modalidad de trata de personas, debe ser parte de nuestro actuar en la búsqueda del desarrollo humano de la persona.

…

By JULIA PRESTON / New York Times

The Obama administration has opened the way for foreign women who are victims of severe domestic beatings and sexual abuse to receive asylum in the United States. The action reverses a Bush administration stance on an issue at the center of a protracted and passionate legal battle over the possibilities for battered women to become refugees.

In addition to meeting the existing strict conditions for being granted asylum, abused women need to show a judge that women are viewed as subordinate by their abuser, according to a court filing by the administration, and must also show that domestic abuse is widely tolerated in their country.

The administration laid out its position in an immigration appeals court filing in the case of a woman from Mexico who requested asylum, saying she feared she would be murdered by a common law husband there. According to court documents filed in San Francisco, the man repeatedly raped her at gunpoint, held her captive, stole from her and at one point attempted to burn her alive when he learned she was pregnant.

The government submitted its legal brief in April, but the woman only recently gave her consent for the confidential case documents to be disclosed to The New York Times. The government has marked a clear, although narrow, pathway for battered women seeking asylum, lawyers said, after thirteen years of tangled court arguments, including resistance from the Bush administration to recognize any of those claims.

Moving cautiously, the government did not immediately recommend asylum for the Mexican woman, who is identified in the court papers only by her initials as L.R. But the Department of Homeland Security, in the unusual submission written by senior government lawyers, concluded in plain terms that “it is possible” that the Mexican woman “and other applicants who have experienced domestic violence could qualify for asylum.”

As recently as last year, Bush administration lawyers had argued in the same case that battered women could not meet the strict standards of American asylum law.

“This really opens the door to the protection of women who have suffered these kinds of violations,” said Karen Musalo, a professor who is director of the Center for Gender and Refugee Studies at the University of California Hastings College of the Law in San Francisco. Ms. Musalo has represented other battered women seeking asylum and recently took up the case of L.R.

The Obama administration’s position caps a legal odyssey for foreign women seeking protection in the United States from domestic abuse that began in 1996 when a Guatemalan woman named Rody Alvarado was granted asylum by an immigration court, based on her account of serial beatings by her husband, a Guatemalan soldier. Three years later, an immigration appeals court overturned Ms. Alvarado’s asylum, saying she was not part of any persecuted group under American law.

Since then Ms. Alvarado’s case languished as officials debated the issue, reluctant to open a floodgate of asylum petitions from battered women across the globe. In 2004, lawyers at Homeland Security broached the possibility of asylum for victims of domestic violence, but the Bush administration never moved forward with that policy.

http://www.nytimes.com/2009/07/16/us/16asylum.html?hp